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APLICACIÓN DE LAS NUEVAS OBLIGACIONES DEL REGLAMENTO 2025/40 SOBRE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES.

24-07-2026
MA - UE

El próximo 12 de agosto de 2026 comenzarán a aplicarse nuevas obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases (PPWR). Entre las principales novedades, los fabricantes de envases y de productos envasados deberán disponer de una Declaración de Conformidad (DdC) respaldada por la correspondiente documentación técnica que acredite el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad exigidos por la normativa. 

A partir de la fecha de aplicación, las empresas sujetas al PPWR deberán:

-          Elaborar una Declaración de Conformidad para cada tipo o familia de envases. 

-          Disponer de la documentación técnica que justifique dicha declaración. [ 

-          Acreditar el cumplimiento de los requisitos relacionados con sustancias preocupantes y metales pesados presentes en los envases

-          Conservar la documentación y ponerla a disposición de las autoridades competentes cuando sea requerida.  

-          Cumplir con las obligaciones de identificación y marcado, incluyendo información sobre el envase y el fabricante o envasador. 

Asimismo, en el caso de los materiales y objetos destinados al contacto con alimentos, será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos aplicables a estas sustancias. 

No todas las obligaciones previstas en el PPWR serán exigibles al mismo tiempo. En particular, las obligaciones relacionadas con el marcado de los envases cuentan con calendarios de aplicación específicos, por lo que resulta recomendable analizar cada caso para determinar qué requisitos son aplicables y en qué plazo. 

Ante la proximidad de la fecha de aplicación, las organizaciones que fabriquen importen o comercialicen productos envasados deberían evaluar si se encuentran sujetas a la obligación de disponer de una Declaración de Conformidad y comenzar a preparar la documentación técnica de soporte. Una revisión temprana permitirá identificar posibles carencias documentales y reducir riesgos de incumplimiento una vez el Reglamento resulte plenamente aplicable.