El día 1 de abril de 2022 se publicó el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre garantías financieras en materia de residuos.

Hasta ahora cada comunidad autónoma tenía criterios diferentes al determinar cómo se constituían las garantías financieras, los instrumentos financieros que se podían usar y los criterios a tener en cuenta para calcular la cuantía de las garantías financieras de los gestores de residuos.

El nuevo real decreto va en línea con lo previsto por la nueva ley de residuos y suelos contaminados y establece pautas comunes en todo el territorio nacional. El real decreto no crea nuevas obligaciones ni establece cargas administrativas suplementarias, sino que facilita que productores, gestores de residuos y otras figuras como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que ya estuvieran obligados por la ley de residuos y otras normas en vigor, puedan cumplir con sus obligaciones y atender a sus responsabilidades sin poner en riesgo la viabilidad económica de sus empresas.

En su Anexo IV del real decreto se establecen los criterios comunes para determinar el importe de la fianza en el seguro de responsabilidad civil. Se describen las fórmulas a utilizar para determinar la cuantía de la fianza y cuantías de fianza mínima en:

• Transportistas

• Instalaciones, tanto fijas cómo móviles, donde se vayan a desarrollar operaciones de tratamiento, incluido el almacenamiento de residuos en espera de su tratamiento

• Puntos limpios municipales

• Gestores de residuos de construcción y demolición

• Gestores de vehículos al final de su vida útil

• Traslados transfronterizos de residuos

• Agentes, negociantes y otros sujetos obligados.

Y las fianzas para los residuos que regulan la responsabilidad ampliada del productor.

Por otro lado, esta norma modifica diferentes apartados del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cabe destacar la modificación del apartado 7 del anexo III que, adapta la clasificación de los paneles fotovoltaicos que contienen teluro de cadmio, permitiendo que se puedan clasificar tanto como residuos peligrosos como no peligrosos, para paneles que presenten poca cantidad de esta sustancia y conforme a los resultados de la evaluación de la peligrosidad de acuerdo con lo que establece la normativa de residuos.

El presente real decreto entrará en vigor el 21 de abril de 2022.